Una delegación del Ayuntamiento del municipio malagueño de Casares, pueblo natal de Blas Infante, entregarán el lunes al Fiscal General del Estado, Candido Conde-Pumpido, una petición para que active el procedimiento necesario para lograr la anulación de la sentencia que condenaba al Padre de la Patria Andaluza en 1940, cuatro años después de haber sido "enjuiciado" --el 11 de agosto de 1936-
CASARES (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)
Una delegación del Ayuntamiento del municipio malagueño de Casares, pueblo natal de Blas Infante, entregarán el lunes al Fiscal General del Estado, Candido Conde-Pumpido, una petición para que active el procedimiento necesario para lograr la anulación de la sentencia que condenaba al Padre de la Patria Andaluza en 1940, cuatro años después de haber sido "enjuiciado" --el 11 de agosto de 1936--.
Una delegación del Ayuntamiento del municipio malagueño de Casares, pueblo natal de Blas Infante, entregarán el lunes al Fiscal General del Estado, Candido Conde-Pumpido, una petición para que active el procedimiento necesario para lograr la anulación de la sentencia que condenaba al Padre de la Patria Andaluza en 1940, cuatro años después de haber sido "enjuiciado" --el 11 de agosto de 1936--.
La alcaldesa de Casares, Antonia Morera, acompañada del secretario general del PCE, José Luis Centella; el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Juan Sánchez; el parlamentario andaluz de IU, José Antonio Castro, y el coordinador de IU en Casares, Guzmán Ahumada; estarán a las puertas de la Fiscalía General del Estado hacia las 13.00 horas.
La petición de la nulidad de la sentencia de Blas Infante es una de las acciones aprobadas por el pleno del Ayuntamiento de Casares para la celebración del 125 aniversario de su nacimiento, y cuenta con la aprobación de sus familiares.
Varios miembros de la Falange, a los pocos días de comenzar la Guerra Civil Española, detuvieron a Blas Infante en su casa de Coria del Río (Sevilla) y fue fusilado, sin juicio ni sentencia. Cuatro años más tarde el Tribunal de Responsabilidades Políticas, creado después de la guerra, le condenó a muerte y a sus herederos a una multa económica.
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