Alcaldes y primeros tenientes de alcaldes de los 20 municipios gobernados por Izquierda Unida en la provincia ha registrado esta mañana en la Subdelegación del Gobierno una carta en la anuncian oficialmente su decisión de dejar en suspenso la aplicación de las medidas del conocido como “decretazo” hasta no tener respuestas “adecuadas, rápidas y justas”. El primer teniente de Alcalde de Casares, Pedro González, fue el encargado de representar al consistorio casareño.
El coordinador provincial de la formación, José Antonio Castro, ha mostrado esta mañana su convencimiento de que los munícipes de PSOE y PP tampoco están de acuerdo con las medidas, “pero tienen sus voces amordazas por la disciplina de partido”.Los ediles El representante de IU afirmó que estos recortes no afectan sólo “a los funcionarios y a los ayuntamientos, sino que vienen a restar servicios esenciales y prestaciones que se dan en los pueblos a los vecinos”.La alcaldesa de Villanueva de Tapia, Encarna Páez, transmitió en nombre de sus compañeros su sentimiento de indignación “porque una vez más se discrimina a los ayuntamientos. Tenemos que ser consciente de que gastamos más de lo que ingresamos no porque dilapidemos los fondos, sino porque no tenemos financiación adecuada. Nos impiden concertar préstamos para inversiones y eso frena la obra pública y el empleo. Dejamos de pagarle a nuestros trabajadores para pagarle los créditos a los bancos”.
En su escrito, los alcaldes han pedido al representante del Gobierno en Málaga que aclare si existen irregularidades en la aplicación del decreto, ya que se estaría vulnerando los convenios firmados con los sindicatos y actualmente en vigor.Asimismo, los munícipes de Izquierda Unida alertan de que el destino de los recortes a los trabajadores municipales van destinados “a quienes en plena crisis están obteniendo miles de millones de beneficios”, es decir, los bancos, mediante la obligatoriedad de amortizar créditos.
Desde IU se plantea la posibilidad de que esos fondos se dediquen a crear en los pueblos bolsas de trabajo, “que permitan a los vecinos que llevan en paro mucho tiempo optar a un empleo de tres o seis meses, que, además, abriría una puerta a algún tipo de subsidios en familias con todos sus miembros en paro”.El coordinador provincial de IU ha destacado que las medidas decretadas por el gobierno de Rodríguez Zapatero impide a los ayuntamientos acceder a créditos con lo que se frenarán políticas que redundan directamente en los ciudadanos como la rehabilitación de viviendas, alquiler vivienda protegida, arreglo de caminos rurales, material para el PER “y un largo etcétera que lastrará la economía de los pueblos.
El decreto lesivo para los derechos ciudadanos y los servicios que se le prestas, por lo que su aplicación quedará en suspenso hasta que el subdelegado nos responda”.
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