El Coordinador Federal de IU, Cayo Lara, ha remitido una carta al Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para solicitarle ayuda para cuatro familias extremeñas que se encuentran en huelga de hambre y acampadas frente a la residencia oficial del presidente extremeño, para reclamar una vivienda pública y donde je recuerda que hay miles de casos similares debido a la grave crisis económica en España, "en un país en el que hay más de un millón de viviendas vacías sin vender y en el que en este año se está desahuciando a 181.000 familias porque no pueden pagar la hipoteca".
En la carta, Lara sugiere a Zapatero que alguna vez vaya a conocer a los que sufren la crisis y que "no están entre las moquetas de los despachos financieros ni en las de los famosos mercados".
Texto integro de la carta:
Sr. Presidente del Gobierno
D. José Luís Rodríguez Zapatero
El pasado lunes estuve con cuatro familias que llevaban unos 15 días acampados frente a la vivienda oficial del Presidente de la Junta de Extremadura, y que en los últimos ocho habían entrado en una fase de huelga de hambre. Reivindicaban así una vivienda pública, un techo bajo el que vivir, tal como se reconoce en el artículo 47 de la Constitución Española.
Son los rostros de la crisis: Anastasio Hernández Llera es albañil y Juana González Gil, limpiadora; tienen dos hijos menores y una orden de desahucio de una vivienda privada. Jonatan Rubio Núñez es técnico en limpiezas especiales y con Sara Ferreira Blanco tienen dos hijos menores y viven con 11 personas en vivienda familiar de 75 m2. Domingo Romero Cantero es albañil y Carmen Vargas Piñero es limpiadora, tienen 4 hijos menores y una orden de desahucio desde el 31 de julio. Francisco Javier Becerra es albañil y montador de placas solares y Concepción Fernández Gutiérrez es asistenta. Ambos tienen un hijo menor y una orden de desahucio.
El denominador común de todas estas familias es que todos sus miembros están en paro y alguno cobra un subsidio de unos 425 euros al mes.
En un país en el que hay más de un millón de viviendas vacías sin vender y en el que en este año se están desahuciando a 181.000 familias porque no pueden pagar la hipoteca, este hecho que se está produciendo en Extremadura, más allá de los matices personales, de cuestiones burocráticas y la actitud penosamente justificativa de alguna portavoz del Gobierno regional, es el reflejo de la política errática, sin rostro humano, que se ha desarrollado en el país, primando la vivienda como negocio en lugar de la vivienda como derecho, lo que a su vez ha creado la ‘burbuja especulativa’ que tanto daño está haciendo al empleo y a la economía.
Este acto de protesta refleja la desintegración social a la que cada día que pasa se van sumando nuevas familias en nuestro país, como demuestran las propias estadísticas oficiales, y que en este caso, ha llevado a estas familias a realizar un acto pacifico de protesta en lugar de resignarse, buscar la vía de la ocupación o delinquir para sobrevivir.
Estas son las consecuencias reales de una crisis que han generado unos y que están pagando otros, mientras su Gobierno, tristemente, no ha adoptado ni una sola medida frente a los responsables para que contribuyan a una salida social de la crisis.
Por todo ello, Presidente, este escrito no tiene más sentido que el de manifestarle mi modesta solidaridad con estas familias y con tantas que están sufriendo situaciones similares, aunque no hayan llegado a niveles de protesta, y solicitarle una gestión frente a la Junta de Extremadura (competente en la materia) para que resuelvan la situación.
Mientras tanto, permítame que le sugiera un gesto oportuno, que alguna vez vaya a conocer los auténticos rostros de los que sufren la crisis, y que no están sin duda, entre las moquetas de los despachos financieros ni en las de los famosos mercados.
Atentamente,
Sr. Presidente del Gobierno
D. José Luís Rodríguez Zapatero
El pasado lunes estuve con cuatro familias que llevaban unos 15 días acampados frente a la vivienda oficial del Presidente de la Junta de Extremadura, y que en los últimos ocho habían entrado en una fase de huelga de hambre. Reivindicaban así una vivienda pública, un techo bajo el que vivir, tal como se reconoce en el artículo 47 de la Constitución Española.
Son los rostros de la crisis: Anastasio Hernández Llera es albañil y Juana González Gil, limpiadora; tienen dos hijos menores y una orden de desahucio de una vivienda privada. Jonatan Rubio Núñez es técnico en limpiezas especiales y con Sara Ferreira Blanco tienen dos hijos menores y viven con 11 personas en vivienda familiar de 75 m2. Domingo Romero Cantero es albañil y Carmen Vargas Piñero es limpiadora, tienen 4 hijos menores y una orden de desahucio desde el 31 de julio. Francisco Javier Becerra es albañil y montador de placas solares y Concepción Fernández Gutiérrez es asistenta. Ambos tienen un hijo menor y una orden de desahucio.
El denominador común de todas estas familias es que todos sus miembros están en paro y alguno cobra un subsidio de unos 425 euros al mes.
En un país en el que hay más de un millón de viviendas vacías sin vender y en el que en este año se están desahuciando a 181.000 familias porque no pueden pagar la hipoteca, este hecho que se está produciendo en Extremadura, más allá de los matices personales, de cuestiones burocráticas y la actitud penosamente justificativa de alguna portavoz del Gobierno regional, es el reflejo de la política errática, sin rostro humano, que se ha desarrollado en el país, primando la vivienda como negocio en lugar de la vivienda como derecho, lo que a su vez ha creado la ‘burbuja especulativa’ que tanto daño está haciendo al empleo y a la economía.
Este acto de protesta refleja la desintegración social a la que cada día que pasa se van sumando nuevas familias en nuestro país, como demuestran las propias estadísticas oficiales, y que en este caso, ha llevado a estas familias a realizar un acto pacifico de protesta en lugar de resignarse, buscar la vía de la ocupación o delinquir para sobrevivir.
Estas son las consecuencias reales de una crisis que han generado unos y que están pagando otros, mientras su Gobierno, tristemente, no ha adoptado ni una sola medida frente a los responsables para que contribuyan a una salida social de la crisis.
Por todo ello, Presidente, este escrito no tiene más sentido que el de manifestarle mi modesta solidaridad con estas familias y con tantas que están sufriendo situaciones similares, aunque no hayan llegado a niveles de protesta, y solicitarle una gestión frente a la Junta de Extremadura (competente en la materia) para que resuelvan la situación.
Mientras tanto, permítame que le sugiera un gesto oportuno, que alguna vez vaya a conocer los auténticos rostros de los que sufren la crisis, y que no están sin duda, entre las moquetas de los despachos financieros ni en las de los famosos mercados.
Atentamente,
Cayo Lara Moya
Coordinador de Izquierda Unida Federal
Coordinador de Izquierda Unida Federal
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