El gobierno del PP con su recurso se posiciona, claramente, junto a los bancos y en contra de las personas
Izquierda
Unida Casares manifiesta su enérgico rechazo al recurso de inconstitucionalidad
que ha presentado el Gobierno del PP y que su admisión a trámite ha supuesto la
paralización de la norma andaluza de función social de la vivienda por un
tiempo de 5 meses.
Rechazamos
el recurso de inconstitucionalidad presentado tanto por los argumentos
jurídicos como por los políticos pronunciados en estos días, donde claramente el
PP se posiciona junto a los bancos y en contra de las personas, en contra de
centenares de familias andaluzas para los que este decreto significa la luz
tras un largo túnel.
Se
alega desde el Gobierno que la norma andaluza atenta contra el derecho de
propiedad. En el argumentario no se expresa en ningún momento el límite social
que tiene tal derecho. El límite del “interés general”. Véase el caso de las
expropiaciones para la construcción de carreteras, construcción para vías del
AVE, etc.... . El Decreto de Función Social de la Vivienda se encuentra en el
marco de las competencias contenidos en el Estatuto de Andalucía, una de ellas
es el comercio de la vivienda.
Es
más, la Ley 13/2005 de vivienda protegida establece la posibilidad, no ya la
expropiación del uso de la vivienda como contiene el Decreto, sino la
expropiación de la vivienda protegida. Asimismo, las sanciones en esta misma
Ley ascienden a 120.000 euros, nítida diferencia al máximo de 9.000 € del
Decreto andaluz recurrido.
Curioso
es que el Partido Popular en ningún momento ha cuestionado tal norma (Ley
13/2005). La cuestión radica en el mandato impuesto por la Troika y la sumisión
sin paliativos del Gobierno a los dictados de esta entidad que no ha sido
votada por los ciudadanos.
La
soberanía andaluza está siendo soliviantada en tanto que las decisiones de un
gobierno elegido a través de las urnas en 2012 está siendo cuestionada a la
hora de legislar en favor de la mayoría social y en contra de aquéllos que han
salido indemnes por ahora de la actual crisis: la banca.
La
Democracia encuentra su razón de ser cuando los Derechos Humanos son cumplidos.
El derecho a la vivienda, a un trabajo digno y de calidad, a la educación, a
una pensión digna y a una sanidad pública es parte fundamental en una sociedad
democrática. Son un bastión de dignidad frente a los poderes antidemocráticos
que pretenden mercantilizar todos los aspectos de la vida. Es obligación de los
poderes públicos garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos. El
gobierno andaluz, con el Decreto, no hace otra cosa que ser garante del Derecho
Humano a la Vivienda.
Por
todo lo anterior, Izquierda Unida a la cabeza, y con la ciudadanía, defenderá
una norma que dignifica y pone en valor la Democracia, los Derechos Humanos y
el convencimiento pleno de que existen alternativas a la política de un
gobierno que está causando dramas sociales sistemáticamente.
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