El coordinador federal de IU presenta junto a José Antonio García Rubio una batería de medidas alternativas y concretas al “ajuste duro” que propone el Gobierno para demostrar que “hay alternativa y que es radicalmente falso que sólo haya una salida y que este tipo de recortes sean inevitables”
El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha reclamado hoy la convocatoria de un referéndum para que sean los ciudadanos los que decidan si aceptan los recortes propuestos por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para reducir el déficit. Lara considera que de esta manera se podría dar respuesta al “golpe de estado que el capital financiero asesta contra las conquistas de los trabajadores y los intereses de la ciudadanía”. En una rueda de prensa en la sede federal de IU, acompañado por el responsable de Economía y Trabajo, José Antonio García Rubio, ambos dirigentes presentaron una batería de propuestas alternativas y muy concretas al “ajuste duro” que pretende aprobar el Gobierno la próxima semana en Consejo de Ministros. Para Cayo Lara, “demostramos así que hay alternativa y que es radicalmente falso que sólo haya una salida y que este tipo de recortes sean inevitables”.
El máximo dirigente de IU explicó que “existen razones suficientes y muy concretas para reclamar el referéndum que planteamos al Gobierno de España. Debe de ser el pueblo español el que de forma soberana decida sobre los duros recortes que se pretenden hacer en contra de los trabajadores, los pensionistas y los más desfavorecidos”.
“Se pretende liquidar –dijo- el principio del Estado social de derecho recogido en el artículo 1.1 de la Constitución Española; se pretende desmontar el escaso Estado del bienestar que hay en España, debilitar al movimiento obrero organizado, socavar las bases de la propia democracia y, al aceptar una imposición exterior, se vulnera el principio de soberanía nacional”.
Lara entiende que la única forma de lograr que el Gobierno cambie su política es “la presión social, que se tiene que organizar. Hay que responder a un presidente del Gobierno que se ha puesto de rodillas ante el poder financiero internacional y, con ello, ha dejado en la misma situación a la democracia española”.
Respondiendo a la pregunta sobre si apoya un adelanto electoral, Cayo Lara aclaró que “nuestra pretensión no es cambiar de Gobierno. Lo que deseamos es cambiar las políticas de este Ejecutivo, que siguen los dictados del PP y del neoliberalismo que asola Europa. De qué nos vale cambiar un gobierno del PSOE por otro del PP, que haría lo mismo pero todavía más duro”.
“Cuando lleguen las elecciones, que se convoquen y que, de paso, se haga con un sistema electoral donde todos los votos valgan lo mismo, no que algunos vayan con las cartas marcadas”, señaló. Izquierda Unida no ayudará a ninguna estrategia populista ni demagógica alentada por determinadas formaciones, en referencia al PP, del que dijo que “si no está pidiendo todos los días elecciones anticipadas es por todo lo que le rodea en relación a la ‘trama Gürtel’”.
Cayo Lara subrayó que con los recortes, “el Gobierno viola su propio programa electoral, viola el acuerdo con los sindicatos para el sector público y rompe unilateralmente el Pacto de Toledo sobre las pensiones”. Por el contrario, “no hay ni una sola medida para que el poder financiero, la Banca y los especuladores paguen la crisis”.
Por todo ello, IU respaldará todas las movilizaciones que organicen los sindicatos y apoyará los paros que se convoquen.
Resaltó se apoyan esas acciones “desde el primer día que se están produciendo”, recordando que él ya dijo el 14 de diciembre de 2008, cuando fue nombrado coordinador federal, que era necesaria una huelga general. No obstante, Cayo Lara dejó claro que la soberanía para ello es de los sindicatos “y nosotros vamos a seguir siendo respetuosos con esa soberanía y con su total independencia para actuar”.
El máximo dirigente de IU adelantó que apoyará la huelga del sector público del 2 de junio y completó su explicación indicando que la sociedad tiene “la necesidad de hacer una acción global en el conjunto del Estado, porque están sufriendo muchos más sectores que los trabajadores del sector público”. En este sentido, detalló que Izquierda Unida prepara para el último fin de semana de junio “una gran movilización en Madrid”.
MEDIDAS CONCRETAS
Cayo Lara expuso algunas de las medidas concretas contenidas en la batería de propuestas dadas a conocer hoy como alternativa a las del Gobierno, que próximamente se concretarán en iniciativas parlamentarias. Con ellas se busca generar más ingresos a la Hacienda Pública, fortalecer al Estado y no recortar los derechos sociales. Puso varios ejemplos, entre ellos que recuperando el Impuesto sobre el Patrimonio “retirado por el PSOE con el apoyo del PP se ingresarían 2.200 millones al año, 200 millones más de lo que recaudará el Gobierno congelando las pensiones”.
Otra propuesta es aflorar tres puntos del PIB de la economía sumergida –según distintos estudios, ésta ronda entre el 18 y el 23 % del total de la economía, “lo que aumentaría la recaudación en 10.000 millones de euros, 4.000 millones más de lo que supone reducir el sueldo a los empleados públicos”.
Como tercer ejemplo, señaló que se podría recaudar el doble de recursos de los destinados para el ‘cheque-bebé’ que ahora elimina Rodríguez Zapatero si se eleva el tipo marginal del IRPF del 43 al 50 por ciento para las rentas más altas, recordando que durante los gobiernos de Felipe González este tipo estaba en 56, “aunque esto no quiere decir que estemos pidiendo que González vuelva”, ironizó.
Entren las otras medidas está, por ejemplo, la equiparación en tributación de las rentas del trabajo y del capital, aumento de la tributación de las sociedades financieras y de las empresas que cotizan en Bolsa, tasas sobre transacciones en la Bolsa y reducciones del dinero destinado a la Iglesia Católica o la Casa Real, además de la retirada de tropas de Afganistán.
Por su parte, José Antonio García Rubio enumeró los artículos que se pueden estar vulnerando si se aplican las medidas anunciadas por el Gobierno, entre ellos el 86, que señala que la figura del decreto ley a través de la que se pretenden aprobar algunos recortes “no puede utilizarse para regular los derechos fundamentales que recoge el Título I de la Carta Magna”.
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